Via Patriotas.Es

Nuestros antepasados de la Revolución Francesa creían sinceramente en la existencia de los derechos del hombre y del ciudadano. No sospechaban que tales derechos nunca habían sido comprobados por la observación, que son sólo construcciones del espíritu. En verdad, el hombre no tiene derechos sino necesidades. Estas necesidades son observables y mensurables. Para el éxito en la vida es necesario que sean satisfechas. El derecho es un principio filosófico. La necesidad, un concepto científico. En la organización de nuestra vida colectiva hemos preferido nuestros caprichos intelectuales a los datos de la ciencia, y el triunfo de las ideologías consagra la derrota de la civilización.

Cuando usted lea estas líneas me encontraré camino de prisión, cumpliendo una condena privativa de libertad.
¿Cuál ha sido mi crimen? No se asuste, no soy culpable de asaltar bancos (lo cual estaría hasta cierto punto justificado para muchas familias J), comerciar con drogas, falsificar billetes, asesinato con premeditación, ni trata de blancas… sino de un mero delito de opinión.
¿Delito de opinión? Sí, en nuestro país existen, en pleno siglo XXI, y por muy increíble que resulte, libros, escritos, investigaciones, pensamientos, ideas, en definitiva: opiniones prohibidas. ¿Prohibidas? Efectivamente, no hemos encontrado lugar alguno donde así conste; pero los hechos, la REALIDAD, que es lo que cuenta, es que se secuestran libros, son enviados a la hoguera (no de forma figurada) y se condena a prisión a quien los edite o distribuya.
¿Mi delito? Haber puesto al alcance del público libros heterodoxos. Habrá algo más, ¿no? No, nada más. Siquiera soy el autor de los libros, simplemente los he puesto a disposición de los interesados. Es cierto, además de libros he organizado conferencias de los autores y presentaciones de los nuevos títulos, a menudo boicoteadas por la chusma callejera, pero mucho más a menudo aún, por las autoridades togadas y uniformadas.
Cierto, que yo sepa no existe un Índice de libros prohibidos en España. Tampoco hay autores prohibidos ni, en teoría, ideas prohibidas. Ni tan siquiera hemos podido encontrar al Censor o Gran Inquisidor responsable de llevar a cabo dicha represión. Aunque sí a quienes se han auto-investido como tales.
Pero el Poder tiene sus resortes, sus comisarios soviéticos, sus demonizaciones, para conseguir que el público aplauda cuando, tras convencerles de que tiene la rabia, se dispone a neutralizar al disidente para enviarlo a las sombras, colocándolo fuera de la Humanidad y fuera de la ley.
Las escusas que proponen son varias y terribles: algunos de los libros que publico o sus autores (recordémoslo, no soy siquiera autor de los mismos) fomentarían el odio y la animadversión hacia ciertos grupos humanos. Si un autor, por ejemplo, denuncia el poder de la alta finanza internacional en manos de sionistas neoyorquinos, los Grandes Inquisidores hacen una lectura sesgada de la obra para concluir que Pedro Varela (el editor) forzosamente “odia” a dichos sionistas y “los cree culpables de todos los males del mundo” (sentencia judicial). Si otro autor llega a la conclusión de que la inmigración masiva forzada acabará con la diversidad de los pueblos y naciones del planeta y, para empezar, con la Europa blanca que los recibe; realizan una nueva lectura sesgada deduciendo que Pedro Varela, por haber publicado a dicho autor, “fomenta el odio” contra los pobres inmigrantes, que a lo sumo serían objeto y no autores de dicha política de sustitución de la población autóctona europea.
Pero van más lejos. Si un autor investiga a fondo ciertos mitos históricos y llega a la conclusión de que la versión oficial no concuerda con los hechos, ya no pueden perseguir al autor, ni al editor o librero por este hecho (según sentencia 235/2007 del Tribunal Constitucional). ¿Pero se contentan con la decisión del alto tribunal? Desde luego que no. Entonces realizan contorsionismo jurídico para afirmar que Pedro Varela, el editor, aunque puede negarlo o dudarlo, según la Constitución, sin embargo “justifica el (supuesto) holocausto” (¡y por tanto promueve dicho supuesto crimen en el que ni siquiera cree!). “Crimen” que algunos de estos historiadores revisan a fondo para poner en entredicho. Y eso queda evidenciado, continúan alegando, por el hecho de que este editor “fuera de la ley” publica asimismo textos facsímiles de autores alemanes de una época histórica de Europa concreta. ¿Un libro sobre economía nazi y cuál fue su solución al paro y a la crisis económica? Fomenta ¡el holocausto! Un libro sobre las diferencias de IQ (coeficiente intelectual) en las poblaciones de EE.UU. según el investigador judío H. J. Eysenck? ¡Sin duda el editor pretende fomentar el odio a las minorías (bien pronto mayorías) raciales! ¿Un documento histórico como el Mi Lucha de Hitler (es decir como el Libro Rojo de Mao o El Capital de Marx)? Ya no es parte de la Historia universal, sino un instrumento para promover el odio e incitar al crimen… ¿Un autor pone en evidencia la concomitancia entre Sionismo político, lobby judío americano, alta finanza internacional y anti-cristianismo militante (como hace el israelí Israel Shamir)? Lo que pretende el editor del judío Shamir (es decir el que esto suscribe) es que el mundo odie a los sionistas…
Pero la realidad es que para ellos soy un heterodoxo, y por eso me consideran un enemigo ideológico del Sistema. Por eso me quieren fuera de circulación, no por otra cosa.
En realidad se trata de que el público no pueda llegar a leer ciertos textos, pensar por sí mismo y, sobre todo, que a pesar de ello se siga creyendo con la libertad de comprar los libros que le vengan en gana.
Aquí no podemos extendernos y es tema para una próxima carta, pero baste con recordar que la “Invención de delitos raciales” era una de las 11 recomendaciones principales para la transformación y disolución de la Europa Cristiana según los “intelectuales” de la Escuela de Frankfurt. Otra era promover “Grandes migraciones para destruir la identidad cultural de los pueblos”; así como “El vaciamiento de las iglesias”, implementar “Un sistema legal desacreditado con prejuicios contra las víctimas del delito y no contra los victimarios”, fomentar la “Dependencia del Estado y de sus beneficios”, “Control y estupidización de los medios de comunicación” o “Fomentar la desintegración de la familia” entre otros. La elección es ahora entre nacionalismo defensivo e internacionalismo alienante; es decir, según los censores ideológicos, entre “antisemitismo” y “pro-semitismo”. Si no estás con ellos y a su servicio, estás forzosamente en su contra y pretendes enviarlos sin duda a la “cámara de gas”.
Si un editor promueve autores y pone a disposición del público libros que denuncian dicho plan criminal, debe ir a la cárcel. ¿Se puede hablar de prevaricación del Poder en este caso? En cualquier caso han optado por la vía de la ultrasolución. La prevaricación de parlamentarios, fiscales, jueces o investigadores policiales no sólo es un delito gravísimo; también lo son, al margen de cuál sea la sentencia, las consecuencias del enjuiciamiento mismo, que implica la privación de libertad de un hombre, la cancelación efectiva de los derechos y libertades públicas de quienes querían acceder a esos libros secuestrados, y el cuestionamiento de la autoridad moral del editor, condenado a prisión como un vulgar criminal. Los argumentos para dar vía libre al procedimiento y condena contra el que esto suscribe (lo afirmado en la denuncia y condena “no es algo que pueda considerarse ab initio ajeno al tipo penal de la prevaricación, al menos como hipótesis”) han sido empleados por fiscales y funcionarios policiales audaces contra Varela. Seguramente hay muchas personas contrarias a las iniciativas del Poder para limitar la libertad de lectura, investigación, información, expresión, edición o difusión, sea cual sea el “crimen” con el que lo disfracen. Sin duda, muchas más que aquéllas que favorecen la represión, minoría ofuscada que detenta los resortes del poder real. Lo cual tal vez explique en parte esta maniobra represiva aparentemente imparable que nos anega.